Las amenazas al Poder Judicial en América Latina y en Brasil
Geraldo Dutra de Andrade Neto, Juez Secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB) y Vocal de la Dirección Ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM)
Mientras la prensa concentraba su atención en la disputa electoral de EE.UU., en varios países latinoamericanos, asociaciones de jueces luchaban (y aún luchan) para mantener la independencia judicial en un escenario de persecuciones y restricción de derechos. Lejos de los reflectores, los Poderes Judiciales se encuentran presionados por una ola de interferencias que busca subvertir el equilibrio democrático conquistado en las últimas décadas.
En México, el Poder Judicial puede colapsar por reformas constitucionales recién aprobadas que convierten los cargos de juez en puestos electivos, sometidos a votación popular y, por lo tanto, sujetos a la influencia de las fuerzas que determinan los resultados de las urnas. En la práctica, lo que se operó fue la destitución de todos los jueces y magistrados, de manera indebida y contraria a los principios y normas internacionales que protegen la separación de los poderes del Estado. La reforma podría llevar a una completa captura del Poder Judicial por el poder político y por influencias espurias, incluso del crimen organizado, vaciando la independencia de los jueces, tan necesaria para asegurar una prestación jurisdiccional alineada con los principios democráticos.
El Poder Judicial también enfrenta a una serie de ataques en Ecuador, donde, recientemente, un Fiscal fue asesinado. Hubo incursiones en residencias y oficinas de integrantes del Tribunal Nacional de Justicia motivadas por desacuerdos con el contenido de decisiones judiciales. Además, los jueces y magistrados ecuatorianos sufren campañas difamatorias, genéricamente etiquetados como corruptos, lo que crea un ambiente de hostilidad. Tales acontecimientos, que pueden generar la sumisión de los jueces y magistrados, violan la independencia del Poder Judicial.
En Perú, es preocupante la tramitación de proyectos de ley que amenazan la autonomía de las instituciones judiciales y buscan controlar a sus operadores, a través de cambios que pueden criminalizar decisiones judiciales, los llamados crímenes de hermenéutica, intimidando a jueces y magistrados y comprometiendo la función jurisdiccional. Prevén, además, la creación de una comisión en el Congreso para investigar el trabajo de los jueces y magistrados, lo que representa una flagrante amenaza a la independencia judicial y a la separación de los poderes del Estado.
La situación en Costa Rica es igualmente preocupante. El presidente de la República de ese país aprovechó su posición para emitir opiniones sobre sentencias, cuestionando la actuación de magistrados, con el fin de obtener una determinada resolución judicial. Cuando el jefe de Estado desacredita al Poder Judicial, no solo se rompe la armonía entre los poderes, sino también la confianza pública en la capacidad de los tribunales para impartir justicia.
En Honduras, la estabilidad de jueces y magistrados se encuentra bajo temor permanente, con la transferencia forzada y el uso de procesos disciplinarios como instrumento de intimidación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias sobre transferencias y revocaciones de asignaciones, no consentidas ni aceptadas por los jueces y magistrados, lo que contraviene el principio de inamovilidad en el cargo. Tal atributo permite al Poder Judicial decidir procesos sin temor a represalias del poder político.
En todas estas ocasiones, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) se pronunció en defensa del Poder Judicial, denunciando la escalada del acoso y llamando a las autoridades a respetar la autonomía de los tribunales. Con voz activa en América Latina, la entidad ha alertado sobre los riesgos de estas intervenciones, ya que la independencia judicial, más que una prerrogativa de la función, configura un derecho fundamental de la población, asegurando una justicia verdaderamente equitativa.
Brasil no está ajeno a estos desafíos. La invasión de las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 fue un hito de falta de respeto a las instituciones. Los jueces enfrentan a amenazas directas y ven sus funciones cuestionadas por grupos que, inconformes con el libre y regular ejercicio de la jurisdicción, recurrieron a prácticas violentas. Las recientes explosiones frente a la sede del STF ilustran bien la magnitud de los desafíos.
El panorama es grave, sobre todo si consideramos que la mitad de los jueces brasileños enfrenta o ha enfrentado situaciones de amenaza a la vida o a la integridad física, según la investigación "Perfil de la Magistratura Latinoamericana", realizada por el Centro de Investigaciones Judiciales (CPJ) de la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB) en colaboración con la FLAM y el Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas (IPESPE). Solo en Bolivia hay una condición peor, con el 65% de los jueces viviendo el problema.
Ante este panorama, es urgente que los pueblos latinoamericanos se unan en apoyo a los jueces y magistrados en la lucha por la independencia judicial. El mantenimiento de la paz social depende de un Poder Judicial fuerte y autónomo, con una actuación guiada por el compromiso con la Constitución y las leyes. Que prevalezcan los ejemplos de resistencia del asociacionismo judicial, para que nunca nos convirtamos en rehenes de una justicia atada a conveniencias ajenas a los procesos.
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